Santiago de Chile
Agosto 2010
El siguiente documento tiene por finalidad exponer los resultados (análisis y propuestas) de las discusiones emanadas en las comisiones, realizadas el viernes 20 de agosto y expuestas a la asamblea de estudiantes de agronomía el día lunes 23 de agosto. El escrito, además, expresara la visión de los estudiantes en los temas tratados, que se enmarcan en el sistema educacional chileno. Las comisiones conformadas fueron:
• Comisión de acceso.
• Comisión de Financiamiento.
• Comisión de Ley General de Educación (LGE).
• Comisión de la privatización de la educación.
Contextualización:
Para comprender el problema de la educación en Chile, se hace necesario realizar una panorámica de esta, a partir de los años 60’s hasta la actualidad.
Para efectos de análisis, la educación chilena se puede dividir en 3 grandes hitos:
1. De los 60 hasta el 73.
2. Desde el 73 hasta el 89 y
3. Del 90 hasta la actualidad.
En el primer hito, a mediados de los 60 la educación chilena vivía profundos cambios estructurales impulsados por los estudiantes, enmarcados en la denominada “Reforma Universitaria”. Esta reforma consistía en la búsqueda de la democratización de la universidad, involucrando a otros estamentos en las decisiones sobre el contenido y orientación de las funciones universitarias y a la vez en lograr una mejor inserción de las universidades en la sociedad con el fin de lograr un mejor desarrollo y modernización del país.. Entre los años 67 y 68, todas las universidades se encontraban en este proceso, el cual culmino con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
A partir de la interrupción de la democracia, el rumbo de la educación chilena comienza a virar hacia las reformas de privatización impulsadas por el gobierno militar, y ya hacia el año 1981 el gasto público se reduce bruscamente en un 35%. Con esto, el Estado asumió un rol subsidiario y dejo que el mercado controlara la oferta (instituciones, carreras, etc.) y la demanda educacional (posibles alumnos), entendida como alumnos que compran un servicio. Lo anterior provocó que las universidades se vieran obligadas buscar fuentes alternativas de financiamiento, fomentándose así la creación de universidades privadas y nuevas instituciones no universitarias de educación superior (Institutos profesionales y centro de formación técnicas). Todas estas reformas privatizadoras quedan bajo el amparo de la nueva constitución política de Chile de 1980, siendo esto el segundo hito en la educación.
En el periodo, que abarca desde los inicios de los 90 hasta la actualidad, se puede ver una masificación y expansión del sistema de educación superior, principalmente del sector privado, proceso que no se detuvo con el fin de la dictadura, si no más bien, se consolidó con los gobiernos sucesivos de la Concertación. Este favorecimiento al incremento de la educación privada, permitió que se profundizaran los problemas que provoca la reforma privatizadora de la educación, aunque cabe destacar que durante el periodo comprendido entre 1990 y 2006 el gasto público en educación aumento en 140%, pero con el costo de que las condiciones de inequidad existente en el sistema educativo, permite que según estadísticas, solo el 14,5% de los jóvenes del primer quintil (el mas pobre) accedían a la educación superior, versus el 73,7% que lo hacía perteneciendo al quinto quintil el grupo más rico del país (Kremerman, 2007), es decir, por cada estudiante de bajos recursos que lograba acceder a la educación superior, siete estudiantes de los sectores más acomodados ingresaban a la universidad sin mayores problemas.
Después de 17 años de dictadura militar, todo el movimiento estudiantil creado durante la década de los 60’s y en el gobierno de la Unidad Popular, fue desarticulado, perdiéndose así todos los logros obtenidos por el movimiento. Durante los 20 años de gobierno bajo la Concertación, el movimiento estudiantil no ha logrado rearticularse en un frente con un proyecto claro y a largo plazo, la tónica que se viene dando desde los inicios de las 90’s son luchas reivindicativas por demandas puntuales, por ejemplo, durante el año 2006 se produjeron movilizaciones de secundarios en la denominada “Revolución pingüina”, que posteriormente se unieron los universitarios, para la derogación de la “Ley orgánica constitucional de la educación” (LOCE), siendo reemplazada por la “Ley General de Educación” (LGE), que en términos prácticos, sigue siendo la misma ley, ya que mantiene los pilares fundamentales de la antigua ley orgánica.
En el presente año son varios los eventos que han sucedido a nivel nacional que de algún modo afectan de manera positiva y negativa al movimiento estudiantil. El nuevo gobierno de la alianza por Chile encabezado por el presidente Sebastián Piñera y el ministro de educación Joaquín Lavín, han dado cierto impulso a que los estudiantes se movilizarán en contra de la agenda privatizadora de la educación. Por otro lado, los efectos del terremoto han demostrado que los estudiantes están preocupados y participan activamente por la reconstrucción del país en el sur en forma crítica y conciente.
En el presente periodo, el movimiento estudiantil se ido unificando de manera paulatina. Los secundarios, organizados a través de la ACES, se han planteado en forma conciente y con muchas claridad frente a la sociedad, estando en un estado de organización bien cohesionados. Por su parte los estudiantes universitarios se han ido organizando a través de la CONFECH, federaciones de estudiantes de universidades privadas (encabezados por la federación de la universidad Alberto Hurtado) y en menor grado de organización los estudiantes de la UTEM, el Pedagógico y otros (en respuesta la CONFECH y, además, por los graves problemas en cuanto a financiamiento y precariedad de los establecimientos). La tónica en los universitarios no sido como la de los secundarios, el petitorio de la CONFECH no ha sido capaz de ser representativo para la totalidad de los estudiantes de la educación superior, creando ciertos problemas dentro del movimiento, sumándose, la poca iniciativa de integración de los secundarios a las movilizaciones y demandas.
Es así, que dentro de este panorama, el día miércoles 18 de agosto, se convoca una marcha por parte de la CONFECH y los secundarios para movilizarse por la alameda. Marcha que no logra efectuarse debido a la represión por parte de Carabineros de Chile, sin haber existido ninguna provocación previa por los estudiantes a los uniformados. Posterior a los conflictos, los estudiantes y centros de alumnos del Campus sur, deciden realizar una asamblea al día siguiente, exponiendo las vivencias de la marcha y generar propuesta en base al acontecer nacional en materia de educación. Dicha asamblea de estudiantes, luego de llamar a votaciones, decide realizar un paro con jornadas reflexivas tocando tópicos que abarcan el acceso a la educación superior, el financiamiento a la educación, análisis de la educación privada y de la LGE.
En base a los antecedentes anteriores, las comisiones se reunieron para analizar su respectivo tópico, con el apoyo de documentos realizados por el “Observatorio Chileno de Políticas Educacionales” (OPECH) y del “Centro de Estudios Sociales Construcción Crítica” (CESCC), ambos de la Facultad de ciencias sociales de la Universidad de Chile.
Análisis:
Las distintas investigaciones que se han realizado en materia de acceso, financiamiento y las reformas privatizadoras a la educación superior y, además, los fundamentos en que se basa la LGE, reflejan y demuestran los profundos problemas del sistema educativo chileno. Estos problemas se generan a partir de la base que sustenta al modelo educacional, el cual se erige sobre la desigualdad, reproduciéndose en todos los niveles del sistema educativo –educación pre-básica, educación básica, educación media y educación superior-. Donde se manifiesta públicamente los problemas del acceso a través de la prueba de selección universitaria (PSU), el autofinanciamiento tendencioso al ahogamiento de las universidades públicas, el endeudamiento de los estudiantes a través de los créditos y los aranceles, ya sean en universidades públicas como las privadas, que en definitiva converge hacia el lucro en la educación.
La PSU, si bien muestra la inequidad en la educación -según las condiciones históricas de cada individuo, es decir, las condiciones culturales y socioeconómicas, determinan el acceso a una educación de calidad o a una de mala calidad, o bien, no acceder a la educación superior, entrando al mundo laboral como mano de obra poco calificada-, la prueba de selección no es el problema de fondo, sino el sistema educacional en si mismo. Como bien se sabe, las bases del modelo se sustentan en la desigualdad, lo cual se origina a partir de la competencia, generando lo que es la meritocracia (principio que explica las diferencias sociales según el esfuerzo y el talento innato de cada persona sin tomar en cuenta el contexto de vida, como las condiciones socioeconómicas), estableciendo que solo los “mejores y más capacitados” puedan acceder a una educación de calidad, no contemplando que no todos nacen en igualdad de condiciones. La PSU no refleja las capacidades de cada uno y solo actúa como filtro para la educación superior –el 47% de los estudiantes de colegios municipales ponderan sobre los 475 puntos, mientras que el 92% de los estudiantes de colegios particulares logran ponderar sobre dicha cifra- alcanzando la mejor educación los sectores socioeconómicos más acomodados (poseen los recursos económicos para poder pagar por una educación escolar de mejor calidad), y por el contrario los sectores socioeconómicos más bajos y vulnerables logran a acceder a una educación con orientación al lucro de sus alumnos-clientes (provenientes de colegios municipales y/o particulares subvencionados, que por condiciones de precariedad de la municipalidad y del mismo establecimiento tienden a recibir una peor calidad de educación), quedando como única alternativa el endeudamiento. Esto conlleva que en la educación se valla elitizando – generando muchos privilegios para solo unos pocos- y produciendo en ellos la ideología de la clase dominante, siendo funcionales al sistema productivo y al mantenimiento de la desigualdad en la educación.
En síntesis la PSU no mide las capacidades de cada uno, sino que refleja la desigualdad en que se sustenta el sistema educativo.
Por otro lado, existen propuestas de acceso, como es el caso de la USACH con el propedéutico y políticas compensatorias que buscan aminorar las diferencias de oportunidades, pero que no resuelven el problema del acceso y avalan las desigualdades que genera el sistema educativo (endeudamiento).
En el caso del financiamiento se ha obligado a las universidades públicas a autofinanciarse, a través del endeudamiento de los estudiantes y competir por recursos estatales como AFD y el AFI. El aporte fiscal directo (AFD) es el aporte estatal anual permanente y de libre disposición del estado a las universidades tradicionales (estatales y privadas tradicionales por igual). Comparativamente, el AFD en chile es uno de los mas bajos del mundo ya que en la mayoría de los países cubre el total o una fracción importante de los gastos, lo que permite un desarrollo universitario pleno. Como ejemplo, la Chile en los años 70 era financiada por el 80%, mientras que la actualidad solo alcanza el 25% (siendo una de la universidades que reciben más dinero por este concepto), en otras universidades esta es aun peor, precarizando a toda la educación superior pública. Todas estas políticas de financiamiento conllevan a que el porcentaje restante, sea financiado por el estudiante, pagando altísimos aranceles y matriculas por año. Aporte fiscal indirecto (aporte estatal anual variable del Estado a todas las instituciones de ESUP en Chile), se entrega a las instituciones que capten los 27.500 puntajes mas altos de la PSU, o en otras palabras, es una cuota de dinero que obtienen las universidades por cada estudiante matriculado con mas de 620 puntos (entre mayor sea el puntaje, mas dinero ingresa). El Estado no puede subsidiar el lucro ni tampoco hacer competir a las universidades por puntaje PSU, si no debe generar una red de educación superior propia que brinde estudios superiores al pueble chileno, mediante el financiamiento total a los planteles que le pertenecen. Por su parte, el sistema de créditos se esta instaurando como la alternativa de financiar los estudios, el cual tiene por finalidad lucrar con los estudiantes a través de la banca; lo que conlleva al endeudamiento de los estudiantes y sus familias, con el riesgo de caer en DICOM.
Por otro lado, los convenios de desempeño –consiste en la asignación de un prosupuesto a esa institución en base a metas de gestión, que se va entregando solo a medida que se cumple etapas y criterios acordados previamente- agudizan el desentendimiento del Estado por sobre su obligación de brindar educación accesible y de calidad a la sociedad, además de imponer lógicas empresariales, de competencia y cumplimiento de metas en las universidades. Esto provocaría la desaparición definitiva de las universidades públicas al no poder competir con los planteles privados; también del fin de lo poco que va quedando de autonomía académica, intelectual e ideológica con el Estado y los gobiernos de turno.
La educación debe ser un instrumento de transformación social de manera crítica y de conciencia, es por eso que el objetivo de la lucha estudiantil debe ser en transformar el sistema educativo y no demandar migajas para la educación, por ende se debe enfocar el movimiento en conseguir una educación estatal en todos sus niveles, desde la educación pre-básica hasta la superior, ya que es la única forma para que todos tengamos igualdad de condiciones para acceder a ella. Nuestras demandas y luchas deben tener como norte la estatización de la educación, y de esta manera al movimiento le otorgara claridad con un desarrollo continuo y prolongado –que cada demanda sea un paso efectivo hacia el objetivo principal-. Es por eso, que nuestros primeros pasos deben ser que el problema de la educación sea socializada, construir una nueva educación de forma colectiva y no por iluminados, buscar nuevas formas de manifestación, concientizar a los que estén a nuestro lado y seguir desarrollando las actuales formas de manifestarse.
Propuestas:
Nuestras propuestas a largo plazo son:
1. Educación estatal, laica y gratuita en todos sus niveles.
2. Socializar los problemas de la educación en todos los sectores de la sociedad.
3. Construir un sistema educativo en forma colectiva.
4. Un nuevo sistema educativo que deba servir como instrumento de transformación social, en forma crítica y conciente.
Nuestras propuestas en el mediano y corto plazo:
• Total rechazo al estado actual de la educación y a la agenda privatizadora impulsado por el MINEDUC.
• Fin al lucro en la educación pública.
• Gratuidad de la tarifa escolar.
• Unificar el movimiento estudiantil, involucrando a secundarios, universitarios de instituciones públicas y privadas organizadas.
• Fin al endeudamiento de los estudiantes, es decir, rechazamos al sistema de créditos como forma de costear los estudios superiores y eliminación los intereses en todos los créditos destinados a financiar los estudios.
• Condonación de la deuda a todos los estudiantes morosos.
• El estado debe inyectar más recursos hacia la educación, aumentando el aporte fiscal directo (AFD) por sobre el 50% a las universidades del Estado con miras al financiamiento total.
• Eliminación del aporte fiscal indirecto (AFI).
• Congelamiento de todos los aranceles para toda la educación superior.
• Rechazar tajantemente los convenios de desempeño.
• Rechazar toda discriminación a carreras por su rentabilidad económica cuando si pueden tener un valor social.
• Que la educación no debe considerarse un bien de consumo sino que un servicio país por el bien común.
• Que las instituciones de educación superior tengan un financiamiento basal que permita tener autonomía, independiente del gobierno de turno.
• El Estado debe tener un rol preferencial hacia sus instituciones.
• Que los colegios pasen a manos del Estado, para una mayor fiscalización de los aportes realizados y la distribución de los recursos.
• Asegurar una efectiva fiscalización docente para reevaluar continuamente el desempeño de los profesores.
• Creación de programas de integración y apoyo a los estudiantes de bajo rendimiento y con problemas conductuales en los establecimientos educacionales.
• Rechazar tajantemente toda discriminación a los estudiantes por su conducta, rendimiento y grado de politización que resulten en expulsión del establecimiento educacionales.
• Que los métodos de evaluaciones como el SIMCE sean representativos y que se trabaje con real compromiso en disminuir la brecha entre establecimientos públicos y privados dejando de ser solo una estadística en la cual los colegios realizan preparaciones para sus alumnos previamente para rendir un buen examen dejando a los estudiantes de más bajos rendimiento excluidos de esta evaluación para obtener mejores resultados.
• Crear nuevas formas de protesta y concientización aunándose a las ya existente y efectivas.
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