Comunicado del Relator Especial, James Anaya, acerca de la situación
de presos Mapuches en huelga de hambre en Chile
Ginebra (24 de septiembre de 2010) - “Quisiera dar a conocer a todos
los interesados que en los últimos días he mantenido contacto
permanente con el Gobierno de Chile, sosteniento conversaciones y un
intercambio de información acerca de la situación de las 34 personas
mapuche que han estado en huelga de hambre por más de dos meses en
diversos centros de la región del Bío Bío y de la Araucanía. He
expresado mi más profunda preocupación por esta situación y la
necesidad de avanzar hacia la solución de los varios asuntos
relacionados a las demandas de las personas en huelga de hambre.
“Las 34 personas en huelga de hambre se encuentran entre las 58
personas mapuche y sus simpatizantes que han sido procesadas o
condenadas bajo la ley antiterrorista (Nº 18.314) de Chile. Entiendo
que los presos mapuche en huelga de hambre demandan al Estado: (1) el
término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les
involucran; (2) el término del procesamiento de algunos de los presos
mapuche por la justicia militar; (3) la desmilitarización de las zonas
mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos
y territoriales; y (4) la restitución de tierras ancestrales mapuche.
“Tanto yo como mi antecesor, Profesor Rodolfo Stavenhagen, hemos
expresado nuestra preocupación sobre la aplicación de la ley
antiterrorista en este contexto y hemos hecho varias observaciones y
recomendaciones específicas al respecto. Asimismo, varios órganos de
tratados de los Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos
Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, han expresado su preocupación por la
aplicación de la ley antiterrorista en este contexto. A pesar de ello,
los acontecimientos recientes de la huelga de hambre indican una falta
de implementación adecuada de estas recomendaciones, y ponen en
evidencia el descontento existente en torno a los problemas de fondo
que dan origen a la protesta social.
“Tal como he expresado anteriormente, desapruebo el uso de la
violencia como medida de protesta, aún cuando la protesta sea por
reivindicaciones legítimas, al igual que repruebo la falta de respeto
a los derechos de los pueblos indígenas que puedan llevar a la
conflictividad. A la vez, estoy más que convencido que la aplicación
de la ley antiterrorista en este contexto conlleva una serie de
problemas procesales y de fondo que solamente puedan agravar la
situación, y que la calificación de los delitos imputados como actos
de terrorismo podría ser inconducente e inapropiada dentro de la
normativa internacional pertinente. Cualquier procesamiento penal de
personas mapuche por hechos delictivos en este contexto debería ser a
través de la justicia penal ordinaria, con todas las garantías
aplicables del debido proceso.
“Junto con reiterar las recomendaciones citadas, insto al Gobierno a
desarrollar el máximo esfuerzo para iniciar un diálogo de buena fe con
los representantes de los presos mapuche, como paso fundamental para
la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a responder a las
preocupaciones y solicitudes de la huelga.
“Al respecto, he recibido información por parte del Gobierno que, con
el aval de las autoridades, el obispo de Concepción está ejerciendo
buenos oficios para buscar una solución concreta. Quisiera instar al
Gobierno a que en ese proceso de diálogo se hagan los esfuerzos por
generar la confianza necesaria para llegar a una resolución exitosa de
esta situación y que se exploren todas las alternativas de soluciones
jurídicas y políticas. Igualmente, quisiera instar a las personas
mapuche en huelga de hambre así como los demás líderes y miembros del
pueblo mapuche interesados a que también realicen esfuerzos de buena
fe para dialogar constructivamente con el Gobierno a fin de encontrar
soluciones a sus demandas.
“Tomo nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los
proyectos de ley para modificar la ley antiterrorista y la ley sobre
justicia militar que están siendo considerados por el Congreso
actualmente. Quisiera reiterar que es crucial que el Estado reforme la
ley antiterrorista, adoptando definiciones precisas de los tipos
penales de delitos de terrorismo ajustados a las normas
internacionales aplicables, así como asegurar que las reformas de
estas leyes se ajusten a los estándares internacionales sobre derechos
humanos, en particular respecto al debido proceso. Considero de igual
importancia es que se faciliten espacios de participación y consulta a
representantes del pueblo mapuche en los procesos de reforma de estas
leyes, las cuales han tenido una efecto directo sobre sus miembros.
“Asimismo, he recibido información del Gobierno, respecto al anuncio
del establecimiento de una mesa de diálogo paralela integrada por el
Gobierno, representantes del pueblo mapuche, las iglesias católica y
evangélicas y organizaciones civiles para tratar programas de
desarrollo regional.
“Valorando la disposición del Gobierno de iniciar un diálogo de fondo
con representantes del pueblo mapuche, quisiera señalar al Gobierno
que es esencial asegurar que todo proceso de diálogo se realice en un
marco de confianza y buena fe, y de acuerdo a las normas de consulta y
participación que impone el Convenio 169 de la OIT en vigor en Chile.
“Finalmente, reitero que los distintos poderes del Estado deben
abordar, en conjunto con los pueblos indígenas, los asuntos de fondo
de la actual crisis los cuales se relacionan con la falta de
implementación cabal de los derechos de los pueblos indígenas especial
sobre sus tierras ancestrales, recursos naturales, consulta previa,
así como a la participación en las decisiones que les conciernen. Al
respecto, enfatizo que la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo—que cumplió un año de vigencia en Chile—ofrecen los
estándares y puntos de referencia aplicables para los procesos de
diálogo y la búsqueda de soluciones a la situación actual y garantizar
el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.”
de presos Mapuches en huelga de hambre en Chile
Ginebra (24 de septiembre de 2010) - “Quisiera dar a conocer a todos
los interesados que en los últimos días he mantenido contacto
permanente con el Gobierno de Chile, sosteniento conversaciones y un
intercambio de información acerca de la situación de las 34 personas
mapuche que han estado en huelga de hambre por más de dos meses en
diversos centros de la región del Bío Bío y de la Araucanía. He
expresado mi más profunda preocupación por esta situación y la
necesidad de avanzar hacia la solución de los varios asuntos
relacionados a las demandas de las personas en huelga de hambre.
“Las 34 personas en huelga de hambre se encuentran entre las 58
personas mapuche y sus simpatizantes que han sido procesadas o
condenadas bajo la ley antiterrorista (Nº 18.314) de Chile. Entiendo
que los presos mapuche en huelga de hambre demandan al Estado: (1) el
término de la aplicación de la ley antiterrorista en causas que les
involucran; (2) el término del procesamiento de algunos de los presos
mapuche por la justicia militar; (3) la desmilitarización de las zonas
mapuche en que las comunidades reivindican derechos humanos políticos
y territoriales; y (4) la restitución de tierras ancestrales mapuche.
“Tanto yo como mi antecesor, Profesor Rodolfo Stavenhagen, hemos
expresado nuestra preocupación sobre la aplicación de la ley
antiterrorista en este contexto y hemos hecho varias observaciones y
recomendaciones específicas al respecto. Asimismo, varios órganos de
tratados de los Naciones Unidas, incluyendo el Comité de Derechos
Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial, han expresado su preocupación por la
aplicación de la ley antiterrorista en este contexto. A pesar de ello,
los acontecimientos recientes de la huelga de hambre indican una falta
de implementación adecuada de estas recomendaciones, y ponen en
evidencia el descontento existente en torno a los problemas de fondo
que dan origen a la protesta social.
“Tal como he expresado anteriormente, desapruebo el uso de la
violencia como medida de protesta, aún cuando la protesta sea por
reivindicaciones legítimas, al igual que repruebo la falta de respeto
a los derechos de los pueblos indígenas que puedan llevar a la
conflictividad. A la vez, estoy más que convencido que la aplicación
de la ley antiterrorista en este contexto conlleva una serie de
problemas procesales y de fondo que solamente puedan agravar la
situación, y que la calificación de los delitos imputados como actos
de terrorismo podría ser inconducente e inapropiada dentro de la
normativa internacional pertinente. Cualquier procesamiento penal de
personas mapuche por hechos delictivos en este contexto debería ser a
través de la justicia penal ordinaria, con todas las garantías
aplicables del debido proceso.
“Junto con reiterar las recomendaciones citadas, insto al Gobierno a
desarrollar el máximo esfuerzo para iniciar un diálogo de buena fe con
los representantes de los presos mapuche, como paso fundamental para
la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a responder a las
preocupaciones y solicitudes de la huelga.
“Al respecto, he recibido información por parte del Gobierno que, con
el aval de las autoridades, el obispo de Concepción está ejerciendo
buenos oficios para buscar una solución concreta. Quisiera instar al
Gobierno a que en ese proceso de diálogo se hagan los esfuerzos por
generar la confianza necesaria para llegar a una resolución exitosa de
esta situación y que se exploren todas las alternativas de soluciones
jurídicas y políticas. Igualmente, quisiera instar a las personas
mapuche en huelga de hambre así como los demás líderes y miembros del
pueblo mapuche interesados a que también realicen esfuerzos de buena
fe para dialogar constructivamente con el Gobierno a fin de encontrar
soluciones a sus demandas.
“Tomo nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los
proyectos de ley para modificar la ley antiterrorista y la ley sobre
justicia militar que están siendo considerados por el Congreso
actualmente. Quisiera reiterar que es crucial que el Estado reforme la
ley antiterrorista, adoptando definiciones precisas de los tipos
penales de delitos de terrorismo ajustados a las normas
internacionales aplicables, así como asegurar que las reformas de
estas leyes se ajusten a los estándares internacionales sobre derechos
humanos, en particular respecto al debido proceso. Considero de igual
importancia es que se faciliten espacios de participación y consulta a
representantes del pueblo mapuche en los procesos de reforma de estas
leyes, las cuales han tenido una efecto directo sobre sus miembros.
“Asimismo, he recibido información del Gobierno, respecto al anuncio
del establecimiento de una mesa de diálogo paralela integrada por el
Gobierno, representantes del pueblo mapuche, las iglesias católica y
evangélicas y organizaciones civiles para tratar programas de
desarrollo regional.
“Valorando la disposición del Gobierno de iniciar un diálogo de fondo
con representantes del pueblo mapuche, quisiera señalar al Gobierno
que es esencial asegurar que todo proceso de diálogo se realice en un
marco de confianza y buena fe, y de acuerdo a las normas de consulta y
participación que impone el Convenio 169 de la OIT en vigor en Chile.
“Finalmente, reitero que los distintos poderes del Estado deben
abordar, en conjunto con los pueblos indígenas, los asuntos de fondo
de la actual crisis los cuales se relacionan con la falta de
implementación cabal de los derechos de los pueblos indígenas especial
sobre sus tierras ancestrales, recursos naturales, consulta previa,
así como a la participación en las decisiones que les conciernen. Al
respecto, enfatizo que la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo—que cumplió un año de vigencia en Chile—ofrecen los
estándares y puntos de referencia aplicables para los procesos de
diálogo y la búsqueda de soluciones a la situación actual y garantizar
el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.”
Fuente: Centro de Políticas Públicas
http://www.politicaspublicas.net/panel/re/nws/684-comunicado-relator-anaya-chile.html
---
COOAMS
Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago
http://agrupacionmapuchekilapan.bligoo.cl/
35 PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE
En facebook
Coordinación Organizaciones Mapuche Santiago
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